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martes, 27 de junio de 2017

BONIFACIO CORONA Y ROMO

CORONA Y ROMO, Bonifacio
[Cifuentes, 1784 - ]

Bonifacio Corona y Romo nació en la villa alcarreña de Cifuentes, en la provincia de Guadalajara, en 1784. Era hijo de Pedro Corona López de Mendoza, un abogado en ejercicio de los Reales Consejos, con residencia en la citada villa de Cifuentes, que era muy apreciado por sus vecinos porque él y Juan Caballero, como representantes del concejo, pleitearon contra los Condes de Cifuentes por la propiedad del molino llamado “de la Balsa”, obteniendo en 1804 una sentencia favorable que fue tan celebrada por el pueblo que se colocó una lápida conmemorativa. La familia Corona era una de las principales de la villa durante el siglo XVIII; en 1752 Manuel Corona era uno de los alcaldes ordinarios de la villa y Vicente Peña Corona, fallecido en 1777, fue un culto y caritativo sacerdote que ejerció de párroco de distintas iglesias de Madrid.
Bonifacio Corona comenzó en 1800 sus estudios de Derecho en la Academia de Santa María de Jesús de la Universidad de Alcalá de Henares, recibiendo el grado de Bachiller en Cánones y en Leyes el 11 de junio de 1805, trasladándose al año siguiente a la Universidad de Zaragoza, donde continuó sus estudios durante los cursos de 1806 a 1808 matriculándose en Derecho Patrio y Leyes. El estallido de la Guerra de la Independencia, ese mismo año, le impidió completar su formación académica y obtener la habilitación para ejercer como abogado a la que habría tenido derecho en 1809, al alcanzar la mayoría de edad. En los años de la ocupación napoleónica desempeñó como funcionario distintos puestos administrativos, siendo finalmente empleado en la Contaduría principal de rentas de la provincia de Guadalajara, sin señalarse por su patriotismo en el conflicto bélico. Además, a la muerte de su padre administró las fincas rústicas de las que era propietario en la provincia de Guadalajara, sobre todo en la comarca alcarreña.

Su acción política
En 1814, terminada la contienda, solicitó que se le convalidasen los diez años de práctica que eran preceptivos para ser admitido a examen para ejercer como abogado de los Reales Consejos, alegando entre sus méritos que había actuado como secretario de su padre mientras aquél ejerció como abogado de los Reales Consejos. Las Cortes, en sesión celebrada el 11 de marzo de ese año, trataron su petición que fue aceptada, pero suspendió el examen en primera instancia, por lo que solicitó ser examinado de nuevo invocando el largo tiempo transcurrido desde que había realizado sus estudios y los servicios prestados a la nación durante la invasión francesa. Finalmente, obtuvo la licencia que le permitía actuar como abogado.
En 1836, siendo promotor fiscal del juzgado de Cifuentes, fue sancionado por el juez con la pérdida de la mitad de sus haberes a causa de las dilaciones e irregularidades en el proceso contra el cura párroco de Cifuentes, varios monjes y clérigos de sus conventos y algunos ciudadanos, acusados de simpatizar, cuando no de colaborar abiertamente, con la insurrección carlista. No había mucha costumbre en los pueblos de la Alcarria de encausar, encerrar y desterrar a sacerdotes, por lo que se puede entender que la acusación a Bonifacio Corona de falta de diligencia y equidad en sus actuaciones, fuese cierta y seguramente se debiese más a una falta de voluntad de enfrentarse con personas tan importantes en un período tan inestable que a sus simpatías por la causa del pretendiente, pues en agosto de 1820, al asentarse de nuevo el régimen constitucional, presentó una hoja de méritos reclamando algún cargo en la administración pública del Estado liberal.
Políticamente se identificó con la fracción moderada del liberalismo, y así lo puso de manifiesto encabezando a los vecinos de Cifuentes que expresaron públicamente su apoyo a la reina Isabel II y al general Ramón María de Narváez por haber aplastado a los “trastornadores del orden público”, es decir, por liquidar el frustrado alzamiento revolucionario de la primavera de 1848, eco de la Revolución que sacudía al continente europeo.
Una posición política que quizás influyese para que el 7 de marzo de 1849 fuese nombrado provisionalmente Juez de Primera Instancia de Cifuentes en sustitución de su titular, José García Herráiz, que se encontraba ausente. Aunque informó puntualmente que tomaba posesión del juzgado cifontino, la Sala de Gobierno de la Audiencia de Madrid le comunicó oficialmente que no había prestado el juramento preceptivo, por lo que su nombramiento fue cuestionado por dicha Sala. El día 29 de mayo se le comunicó que debía dejar de desempeñar ese cargo, sin que hubiese tomado efectivamente posesión del cargo.

Elección y actividad parlamentaria
En el agitado año de 1843, en el que se sucedieron hasta tres legislaturas, fue elegido Senador por la provincia de Guadalajara junto a Francisco Romo y Gamboa en los terceros comicios de ese año, cuando los moderados ya se habían hecho de nuevo con las riendas del poder. Se procedió entonces a la elección de los nuevos parlamentarios en una sesión celebrada el día 27 de septiembre a la que asistieron los diputados provinciales y los comisionados de todos los distritos electorales de la provincia, tal y como se informaba el día 3 de noviembre de 1843 en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara. Con fecha de 30 de septiembre la reina Isabel II procedió a firmar el decreto con su nombramiento.
Aunque la sesión de apertura de la legislatura se celebró el 15 de octubre, él no juró su cargo hasta el día 3 de noviembre, tomando entonces posesión de su escaño. La causa de esta dilación fue la duda sobre su aptitud legal para ocupar un puesto en la Cámara Alta. Por un Real Decreto del 10 de julio de 1844 se disolvió la Cámara y se renovó un tercio de los senadores, permaneciendo Bonifacio Corona en el Senado durante la siguiente legislatura, que se abrió el 10 de octubre de 1844 y que estuvo dedicada a la elaboración y aprobación de la nueva Constitución.
Aprobada ésta, se cerró la legislatura constituyente, pues de acuerdo a la nueva Constitución los senadores eran nombrados directamente por el monarca, sin límite en su número y sin intervención de las provincias. Abierta la legislatura de 1845, Bonifacio Corona no fue uno de los senadores nombrados por la reina.
No formó parte de la Mesa del Senado en ninguna de las dos legislaturas y se alineó políticamente con el partido moderado. Perteneció a las Comisiones que se instituyeron para valorar la pertinencia de nuevos arbitrios en la provincia de Valladolid para que la Diputación pudiese satisfacer las fuertes deudas contraídas a causa de la Guerra Carlista y la concesión de una pensión a la viuda del general Diego de León, que en 1841 se había pronunciado en Madrid contra el gobierno progresista del general Baldomero Espartero y había sido fusilado por ello.
Perdido su escaño en el Senado, en las elecciones celebradas en julio de 1847, en pleno régimen moderado, fue elegido diputado provincial por el distrito de Cifuentes.
JUAN PABLO CALERO DELSO

sábado, 24 de junio de 2017

JOSÉ MARÍA DE BELADÍEZ HERRERA

BELADÍEZ HERRERA, José María de
[Atienza, 1768 / Miedes de Atienza, febrero de 1838]

José María de Beladíez nació en la villa de Atienza en el año 1768 y falleció en el vecino pueblo de Miedes de Atienza en febrero de 1838. Era hijo de José Beladíez Ortega de Castro, natural de Atienza, y de María del Carmen Herrera de Azoños, de Santander. Fueron sus abuelos paternos Francisco Beladíez y Josefa Ortega de Castro, que vieron la luz en la villa atencina, y los maternos eran Francisco Antonio Herrera, marqués de Conquista Real, y Rosa de Azoños, ambos nacidos en la capital cántabra.
Todos sus antepasados eran hidalgos y cristianos viejos, los Beladíez, con casa solariega en Miedes; no desmerecieron los hermanos Beladíez Herrera el linaje de su familia. El primogénito, Joaquín, estudió en el Seminario de Nobles de Madrid, y en el año 1800 fue causa de un curioso pleito provocado por su frustrado matrimonio con la seguntina Ángela García Herreros, hija de José Ventura García Herreros. El enlace matrimonial no se celebró y José de Beladíez Ortega pleiteó para recuperar el importe de los vestidos y joyas que había comprado y entregado a Ángela García Herreros sin que ella o su familia los devolviese al frustrarse la boda. Otro hermano, Roque Beladíez, estudió en la Universidad de Alcalá de Henares y fue Intendente de la provincia de Guadalajara y Administrador de Rentas en distintos destinos.
José María de Beladíez contrajo matrimonio con María Gertrudis Garabayieta, con la que tuvo varios hijos; uno de ellos, Ángel de Beladíez Garabayieta, contrajo matrimonio con Manuela García Duarte y falleció en 1890.
En 1783, después de haber superado los preceptivos exámenes de latinidad y retórica, se matriculó en la Universidad de Alcalá de Henares para cursar la carrera de Derecho. El 30 de octubre de 1788 obtuvo el título de Bachiller en Cánones, némine discrepante, y el 10 de junio de 1789 el de Bachiller en Leyes. Tres años después, el 10 de junio de 1792, alcanzó el grado de Licenciado en Leyes y el día 17 del mismo mes y año ganó el título de Doctor. Durante su estancia en la Universidad de Alcalá de Henares perteneció a la Academia de Jurisprudencia de Santa María de Jesús, ocupando el cargo de Vicesecretario y participando en diferentes debates y actividades académicas.
Por sus amplios conocimientos jurídicos permaneció en la Universidad alcalaína; en junio de 1794 fue nombrado Examinador de cursantes juristas mientras preparaba sus oposiciones a una cátedra, sustituyendo en los cursos de 1793 y 1795 a los catedráticos de Filosofía Moral y de Instituciones canónicas de ese centro universitario. En febrero de 1793, cumplida la mayoría de edad exigida, obtuvo la autorización para ejercer como abogado ante los Reales Consejos.
Volvió a residir en la comarca serrana de la entonces provincia de Guadalajara, donde ostentaba el cargo de Alguacil Mayor perpetuo de Atienza, atendiendo a sus intereses particulares y a su rico patrimonio agrícola; como las principales familias de su comarca natal, había heredado una copiosa hacienda basada en la ganadería trashumante. Así le vemos en estos años pleitear con otros ganaderos o concejos en defensa de sus derechos de pastos y otros privilegios: en 1829 llegó a hacerlo con su hermano Roque de Beladíez y Manuel Francisco Martínez de Azagra, de Almazán, con motivo de la entrega de unos bienes raíces.

Su actividad política
Con motivo de los graves sucesos políticos que sacudieron el país en los primeros meses de 1808, José María de Beladíez se opuso públicamente al rey José I Bonaparte y se mostró ferviente partidario de Fernando VII, presidiendo la Junta patriótica de Sigüenza, lo que le valió ser elegido diputado por la provincia de Guadalajara para las Cortes extraordinarias convocadas en Cádiz en 1810, donde se posicionó claramente dentro de la facción de los absolutistas o serviles, que defendían la permanencia de las instituciones políticas, económicas y sociales del Antiguo Régimen, en contra del sentir mayoritario de la Cámara. En Cádiz, según sus propias palabras, “manifestó en todas ocasiones la más decidida adhesión al Altar y al Trono, motivo por el que el partido anarquista buscó un pretexto para anular sus poderes” y los del otros diputado por Guadalajara, el sacerdote Andrés Esteban que, con el tiempo, llegó a ocupar el obispado de Jaén.
Llevó su enfrentamiento con el nuevo régimen liberal hasta el punto de negarse en dos ocasiones a jurar la Constitución, lo que motivó que fuese reconvenido por el pleno de las Cortes; así, en la sesión celebrada el 17 de marzo de 1812, dos días antes de la solemne proclamación constitucional, se lee en el Diario de Sesiones: “También se acordó, que tanto a los Sres. Llamas y Eguía, como a los Sres. Puñonrostro, Mejía, Beladíez y D. Simón López, que no habían contestado al oficio que, de orden de las Cortes, les pasaron sus Secretarios en 15 del corriente, previniéndoles que asistiesen en los días 18 y 19 á firmar y jurar la Constitución, se les comunicara nuevo aviso para que concurran a firmar la Constitución política de la Monarquía española, y jurar lisa y llanamente guardarla; diciéndoles que si no lo hiciesen así, se procederá contra ellos, conforme a lo acordado”. En junio de 1813 fue elegido concejal en el primer ayuntamiento constitucional de la ciudad de Guadalajara, que tuvo breve vida.
Reintegrado Fernando VII al trono y desbaratada toda la obra legislativa de las Cortes de Cádiz, volvió José María de Beladíez a sus asuntos particulares en la comarca de Atienza. Aún tuvo ocasión de retornar a la actividad política durante el Trienio Liberal, en el que no sólo rechazó los cargos y honores que se le ofrecieron, sino que afirmaba que “durante el sistema de la rebelión ha sido uno de los más enemigos de él”, acogiendo en su casa de Miedes a perseguidos por la justicia y hospedando y colaborando con el jefe de una partida guerrillera realista.
Cuando, después de la muerte del rey Fernando VII, subió al trono su hija y lentamente el régimen liberal se fue asentando en España, sabemos que José María Beladíez, aunque seguramente sin cambiar sus ideas, participó en los procesos electorales, ejerciendo el sufragio al que siempre tuvo derecho aunque fuese muy restringido y, a pesar de sus ideas, no tenemos noticia de que participase en la activa lucha guerrillera de los carlistas de Atienza y su comarca.
Al morir, en febrero de 1838, estaba viudo y dejaba hijos menores de edad, entonces la mayoría estaba fijada en los 25 años, y hubo que nombrar un curador que velase por ellos.
JUAN PABLO CALERO DELSO

miércoles, 21 de junio de 2017

MANUEL MAMERTO DE LAS HERAS

HERAS CARRASCO, Manuel Mamerto de las
[Peñalver, 1804 / Madrid, 26 de marzo de 1883]

Nació en el pueblo de Peñalver, en la Alcarria de Guadalajara, en el año 1804, hijo de Mariano de las Heras y de Basilia Carrasco.
Inició y completó sus estudios eclesiásticos en el seminario de San Bartolomé de Sigüenza, asistiendo también al Colegio de San Antonio de Portacoeli de la ciudad mitrada, como reconocía cuando se declaraba “antiguo colegial de Sigüenza”. Recibió las órdenes sacerdotales, mereció el nombramiento de presbítero y se hizo cargo de la parroquia de San Ginés, en la ciudad de Guadalajara.
En 1855, con el retorno de los progresistas al poder, abrió de nuevo sus puertas el Instituto de Segunda Enseñanza de Guadalajara, que había sido cerrado en 1846 por un gobierno presidido por el general Ramón María de Narváez, alegando el escaso número de alumnos matriculados. El 24 de noviembre de 1855 se restableció de forma provisional, bajo la dirección de Francisco Dolz, y el 31 de enero de 1857 lo hizo con carácter definitivo, celebrándose solemnemente la reapertura del centro el 16 de septiembre de 1858 con un discurso de su catedrático de Matemáticas, Zacarías Acosta Lozano. Era entonces su director Manuel Mamerto de las Heras, que había sido nombrado para ocupar ese cargo el 22 de noviembre de 1856, meses después de la caída del gobierno progresista del general Baldomero Espartero y mientras los moderados disfrutaban brevemente del poder con el general Narváez sentado otra vez en la presidencia del Consejo de Ministros.
Aunque larga, su etapa de director del Instituto no estuvo exenta de sinsabores. Los demás profesores del claustro se consideraban con más derecho a ocupar ese puesto por ser doctores o licenciados en las diferentes materias, mientras que Manuel Mamerto de las Heras sólo era bachiller y no ocupaba plaza de catedrático, porque era profesor de Religión. Se aducía también que era de temperamento excesivamente afable, por lo que no era capaz de mantener la disciplina ni entre los profesores ni entre los alumnos, y que no era “capaz de conciliar intereses opuestos o discordantes”, rasgo de su carácter que explicaría en parte la acusación que recibía de que no era justo y equitativo en el reparto de las gratificaciones y de los cargos retribuidos, que distribuía con favoritismo. Finalmente, el 24 de septiembre de 1861 fue cesado en su cargo y se nombró para sustituirle a José Julio de la Fuente Condón-Bueno, catedrático de Geografía e Historia.
Después de su cese en la dirección del Instituto de bachillerato alcarreño, permaneció en Guadalajara al frente de la parroquia de San Ginés y se dedicó a profundizar en el estudio de la Historia; sus esfuerzos se vieron recompensados con su nombramiento en 1867 como académico correspondiente en la provincia de la Real Academia de la Historia, una distinción que entonces compartía con Francisco de Paula Benavides, Obispo de Sigüenza, el canónigo seguntino Román Andrés de la Pastora, y los profesores del Instituto Simón García García y Víctor Sainz de Robles.
Este reconocimiento público se mantuvo durante la Primera República, y así cuando en febrero de 1873 se reconstituyó la Comisión de Monumentos de la provincia, se le reclamó para que formara parte de ella junto al obispo de Sigüenza y el canónigo Román Andrés, el gobernador civil, Benito Pasarón Lima, y otros altos funcionarios republicanos. Fue elegido para formar parte de esta Comisión a pesar de que durante el Sexenio Revolucionario apoyó la línea de respaldo pleno al papado y de intransigencia en la defensa del poder temporal del Sumo Pontífice, como demostró públicamente en 1876 enviando un donativo de 20 reales para una suscripción a favor del papado organizada por el diario integrista católico madrileño El Siglo Futuro. Así pues, no andaban muy desencaminados los que murmuraban que tenía “muchas relaciones en la provincia” y que eran estas influencias las que le habían aupado a distintos cargos y concedido algunas prebendas.
En los primeros años del reinado de Alfonso XII, y sin perder su condición de párroco de San Ginés de Guadalajara, fue nombrado rector de la iglesia de San Sebastián de Madrid, y pasó a residir en la Corte, como se puso de manifiesto al figurar en la Real Academia de la Historia entre los académicos correspondientes de la provincia de Madrid y no de la de Guadalajara.
Estando en la capital del reino falleció el 26 de marzo de 1883, a los 78 años de edad. En la tarde del día 28 sus restos mortales fueron trasladados en tren desde la madrileña Estación de Mediodía hasta la de Guadalajara, siendo enterrado en el cementerio de la capital alcarreña.
JUAN PABLO CALERO DELSO

domingo, 18 de junio de 2017

JOAQUÍN MONTESORO MORENO

MONTESORO MORENO, Joaquín
[Tartanedo, 5 de junio de 1780 / ]

Joaquín Montesoro Moreno Malo de Molina Crespo, nació el 5 de junio de 1780 en Tartanedo, localidad del Señorío de Molina que en 1833 quedó incorporada a la provincia de Guadalajara.

Su entorno familiar
Eran sus padres Carlos Montesoro Malo de Molina, nacido en Madrid el 4 de octubre de 1743, y Antonia Moreno y Crespo, nacida en Tortuera (Guadalajara) el 7 de julio de 1756. Tuvieron tres hijos: Joaquín, Manuel, oficial del Ejército, y Josefa. Carlos Montesoro Malo de Molina era regidor perpetuo del Ayuntamiento de Molina de Aragón pues la familia Montesoro, aunque de origen italiano, llevaba asentada en el Señorío molinés desde el siglo XV y pertenecían al estamento nobiliario. En el siglo XVIII recibieron la herencia de los Rivas, una de las familias principales de Molina de Aragón y su comarca.
En 1796 marchó a Alcalá de Henares para cursar estudios en la Academia de Santa María de Jesús de la Universidad de la ciudad complutense. De vuelta al Señorío molinés, desde los primeros años del siglo XIX se convirtió en una personalidad destacada en su tierra natal; por entonces se fundó en Molina una Junta de Caridad, por iniciativa del corregidor Ignacio Yáñez Rivadeneyra y de Rafael Garcés de Marcilla, en la que Joaquín Montesoro tuvo, a pesar de su juventud, una activa participación. Además de apoyar económicamente a los más necesitados, alimentó en su casa a algunos menesterosos de la población y en el frío invierno molinés adecentó una casa de su propiedad y pagó el salario de una persona para que allí pudiesen acogerse los niños sin familia que deambulaban por el Señorío.

La Guerra de la Independencia
Pero la Guerra de la Independencia amplió sus horizontes personales; el 3 de mayo de 1808, siendo regidor de la capital del Señorío, un grupo de vecinos acudieron a él, como persona distinguida y respetada, para que impidiese que las rentas del Señorío se entregasen a los recaudadores enviados por las autoridades españolas ante el temor de que pudiesen caer en manos de los franceses o de sus colaboradores españoles. Solicitaban que esos recursos permaneciesen en el Señorío, una petición que, además, se justificaba por la crisis política y económica que vivía el país y que ya había provocado incidentes en el pueblo de Torremocha del Pinar cuando, un año antes, se habían querido cobrar los impuestos.
Al día siguiente, 4 de mayo, llegaron a Molina de Aragón las primeras noticias del levantamiento popular de Madrid y de la dura represión desatada por el mariscal Joachim Murat. Inmediatamente, muchos vecinos se fueron concentrando espontáneamente frente al domicilio del corregidor Vallarino, a quien se suponía amigo de los franceses, en actitud amenazante. De nuevo Joaquín Montesoro intervino para calmar los ánimos de los más exaltados, aunque el corregidor murió pocos días después en extrañas circunstancias.
A la vista de los acontecimientos, en la segunda quincena del mes de mayo, se reunieron las personalidades más señaladas de la ciudad para formar una Junta de Gobierno, en la que estaba Joaquín Montesoro, que declaró la independencia del Señorío de Molina, reconoció a Fernando VII como su rey, declaró la guerra a Francia y, finalmente, impidió que las rentas del Señorío se entregasen a las autoridades afrancesadas. La componían Joaquín Montesoro, Joaquín Asensio de Ocón, que en 1809 había sido sustituido por Juan Masegosa, Francisco Fernández y, como secretario, Mateo Nicolás Sanz Téllez.
El 23 de febrero de 1809 la Junta la Junta Superior de Observación y Defensa del Señorío, que presidía Joaquín Montesoro, invitó a las de Teruel, Albarracín, Calatayud y Daroca a que enviasen dos delegados a Monreal del Campo con el objetivo de coordinar sus fuerzas frente a la agresión francesa. Al mismo tiempo, la Junta de Gobierno que en Zaragoza presidía el general José Palafox propuso que se estableciese una Junta Superior de Aragón que ejercería su jurisdicción sobre este reino y algunas zonas limítrofes de Castilla, una petición que Lorenzo Calvo de Rozas defendió en la Junta Central. Constituida formalmente esa Junta, en ella se integró Joaquín Montesoro como representante de Molina y su Señorío.
Consagrado éste a la Junta Superior de Aragón, fue nombrado presidente de la del Señorío el corregidor José Antonino Colmenares, pero su torpe actuación al frente de la misma levantó las protestas de los molineses, que enviaron a Ramón López Pelegrín para que informase del motivo de su descontento y solicitaban que Joaquín Montesoro volviese a dirigirlos.
Aprobada la Constitución de 1812, se establecieron las Diputaciones Provinciales; la de Guadalajara, que fue una de las primeras en constituirse, celebró su primera reunión el 25 de abril de 1813. El primer Jefe Político de Guadalajara fue Guillermo de Vargas y Ximenez de Cisneros, y los diputados elegidos para esta primera Diputación fueron Joaquín Montesoro, Félix Herrero Valverde, José López de Santamaría, Francisco Hernández Vargas, Baltasar Carrillo Manrique, Ventura Zubiaur y Fernando García del Olmo, actuando Juan José Merlo como secretario y José López de Juana Pinilla como intendente. Ese mes de abril de 1813 la Diputación permaneció en Anguita, por no estar liberada la capital provincial, en mayo pudo celebrar en Cifuentes sendas sesiones los días 16 y 24 de ese mes y desde el 9 de junio ya pudo instalarse la corporación provincial en la ciudad de Guadalajara.

El reinado de Fernando VII
Con la vuelta de Fernando VII y la restauración del régimen absolutista, Joaquín Montesoro se vio perseguido, como todos los liberales guadalajareños. Pero en 1820 el triunfo del pronunciamiento de Rafael del Riego le devolvió al primer plano de la política. Fue nombrado Jefe Político subalterno de la provincia alcarreña y el 12 de abril de 1821 ocupó la presidencia de la restablecida Diputación constitucional, que formaba con Antonio Medrano Heredia, Melitón Romero de Tejada, Matías Mariano Maestre y Juan Antonio Hernández Morales. La situación de la renacida institución fue tan precaria que la sede de la Diputación estuvo radicada temporalmente en su propio domicilio particular.
Como Jefe Político combatió las guerrillas absolutistas y en abril de 1821 repelió la incursión de una partida que, expulsada de la provincia de Burgos, pretendió asentarse en la de Guadalajara. También inició el proceso de desamortización aprobado por el gobierno liberal, y se dice que se presentó personalmente en el Monasterio de San Bartolomé de Lupiana, de la orden Gerónima, para enviar a Madrid o subastar en Guadalajara diversos bienes del patrimonio conventual.
Condenado al ostracismo después de la victoria de los ejércitos realistas en 1823, volvió a la actividad política tras la muerte de Fernando VII. El 10 de diciembre de 1833, la Reina Gobernadora le nombró Subdelegado de Fomento de Teruel, pasando después a ocupar el cargo de Jefe Político de esa provincia. Y en virtud de este cargo, el 12 de noviembre de 1835 presidió la constitución de la Diputación Provincial turolense.
Al frente de esta provincia aragonesa tuvo que combatir activamente a los partidarios del pretendiente Carlos María Isidro de Borbón, especialmente activos en el Maestrazgo en esta Primera Guerra Carlista. Se le adscribió durante esos años a la facción moderada del liberalismo, y en la prensa de Guadalajara se le reconocía como uno de sus más destacados representantes.
Profesionalmente figuraba como hacendado y ganadero. Si su familia poseía importantes rentas y propiedades en el Señorío de Molina, Joaquín Montesoro las acrecentó gracias a los procesos desamortizadores de 1836 y 1855, aprovechando la legislación impulsada por Juan Álvarez Mendizábal para adquirir 683 parcelas rústicas y en 1859 compró dos casas en Molina de Aragón que valían 4.070 reales. Además, en 1856 le encontramos administrando los bienes que tenía en el Señorío de Molina el conde de Priego.
Fue nombrado caballero de la Orden de Carlos III el 3 de noviembre de 1805, y así se recoge en el escudo nobiliario que adorna la fachada del palacio de los Montesoro, en Molina de Aragón.

Elección y actividad parlamentaria
En las elecciones a diputados en Cortes que se celebraron en julio de 1836 sólo salió elegido por mayoría absoluta en la primera vuelta el moderado Ambrosio Tomás Lillo. Para las ternas de los otros dos diputados fueron elegidos: Francisco Romo y Gamboa, Baltasar Carrillo Manrique, Joaquín Berdugo, Alfonso Peralta, Jacinto Garrido y Joaquín Montesoro, que en la segunda vuelta obtuvo una votación significativa pero insuficiente para ganar el escaño, que fue a parar a candidatos progresistas.
Fue postulado como Senador en los comicios celebrados el 20 de octubre de 1837 y elegido por la Reina Gobernadora entre la terna propuesta; fue, con diferencia, el candidato más votado, 1.305 votos, con un censo electoral más numeroso que el de anteriores comicios. La solemne apertura de las Cortes se celebró el 19 de noviembre, pero no juró su cargo hasta el 28 de febrero de 1838. Continuó en el Senado durante las sucesivas legislaturas hasta la de 1840.
En la sesión celebrada por el Senado el 15 de febrero de 1840 se leyó la relación de aquellos senadores que no habían cesado en su cargo ni habían sido comprendidos en la segunda renovación del Senado y que, por lo tanto, formarían en la Cámara Alta durante el año 1840, y entre ellos estaba Joaquín Montesoro. Los sucesos que provocaron el final de la Regencia de María Cristina de Borbón forzaron la brusca clausura de esta legislatura el 23 de julio de 1840.
En 1837 fue miembro de las Comisiones que analizó la validez de las actas electorales, que evaluó la aprobación de una quinta de 40.000 hombres para la Guerra Carlista y que estudió la validez de los testamentos otorgados en Villanueva y Geltrú (Barcelona).
Fue nombrado suplente para la Comisión encargada de recibir a la reina en la solemne sesión de apertura de las Cortes de 1840. Perteneció a la Cuarta Sección y presentó una moción para que fuese declarada Fiesta Nacional el 18 de junio, aniversario de la promulgación y juramento de la Constitución progresista de 1837, formando parte de la Comisión que se nombró con ese motivo.
JUAN PABLO CALERO DELSO